Tema que preocupa al personal de los Centros docentes es el de su posible responsabilidad civil frente a los daños que puedan sufrir sus alumnos menores de edad y frente a los que estos puedan causar durante la jornada escolar.

EL Código Civil establece (artículo 1.902) que “El que por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño causado”. Por su parte, el artículo 1903 del indicado Cuerpo legal establece que la obligación de reparar el daño, además de por los actos u omisiones propios, también es exigible por los de aquellas personas de quienes se deba responder. En nuestro caso, los alumnos.

Lógicamente son los padres los que responden por los daños causados por sus hijos (que se encuentren bajo su guarda), pero qué pasa cuando estos se encuentran, no con sus progenitores, sino en el Centro escolar. Afortunadamente para vosotros, los “profes”, en 1991 se vino a atenuar la responsabilidad en que podéis incurrir en el desempeño de vuestro trabajo, al considerar el legislador que el hecho del incremento en el número del alumnado, a veces excesivo, exigía que la responsabilidad sobre los menores empezara a recaer, no directamente sobre el profesorado, sino en las personas o entidades titulares de los Centros docentes.

El artículo 1903 del Código Civil dispone que “Las personas o entidades que sean titulares de un Centro docente de enseñanza no superior responderán por los daños y perjuicios que causen sus alumnos menores de edad durante los períodos de tiempo en que los mismos se hallen bajo el control o vigilancia del profesorado del Centro, desarrollando actividades escolares o extraescolares y complementarias”. No obstante, el mismo artículo 1903 mencionado prevé la posibilidad de que el Centro docente de enseñanza no superior PUEDA exigir a los profesores las cantidades satisfechas por tal concepto, si hubiesen incurrido en dolo o culpa grave en el ejercicio de sus funciones.

Se trata de la responsabilidad por culpa “in vigilando”, que tanta fama ha adquirido gracias a nuestros políticos, que tiene su base en el deber de vigilancia que asume el Centro docente sobre los menores que se encuentran bajo su custodia, y se atribuye a las personas o entidades titulares del Centro por considerar que a ellos corresponde la organización, selección y el control del personal. Y es el incumplimiento de este deber de vigilancia el que determina la responsabilidad del Centro tanto si se trata de daños sufridos por los alumnos como de daños provocados por los mismos.

En cuanto a la extensión temporal de la responsabilidad, no queda limitada a las actividades escolares, extraescolares y complementarias, como expresamente establece la ley, sino que abarca todo el tiempo que los menores estén bajo la custodia o control del Centro, incluyendo el desplazamiento en transporte escolar y los tiempos de espera a la entrada y salida mientras se encuentren en las dependencias del centro. No habrá transferencia de la obligación de cuidado de los padres al Centro, por el contrario, si el menor se encuentra fuera de sus instalaciones, aunque sea justo a la entrada (o salida) de las clases.

Sí será exigible la responsabilidad del Centro en aquellos casos en los que el menor sale del centro sin permiso, se escapa, durante la jornada escolar entendida en sentido amplio, dado el control negligente ejercido sobre el alumno “escapista”. Y se responderá no sólo por lo que al menor le pueda pasar, sino también por los daños que provoque.

A partir de aquí, cuándo PODRÁ el Centro repercutir al profesor las cantidades satisfechas por la responsabilidad que se le haya exigido: siempre que el profesor incurra en dolo o culpa grave en el ejercicio de sus funciones y que su acción u omisión sea la causa del daño.

Para excluir la responsabilidad del profesor y entender que NO ha incurrido en omisión del deber de cuidado, hay que atender a la previsibilidad y evitabilidad del daño. Es decir, habrá que valorar en qué medida el profesor podía haber previsto la producción del hecho causante del daño sufrido por el alumno, o bien provocado por el menor, y en qué medida podía haberlo evitado. Por supuesto, qué duda cabe, que el incumplimiento por parte del profesor de normas organizativas puede ser determinante de su responsabilidad, siempre que sea causa directa del daño ocasionado y quede debidamente probado. Por el contrario, aquellas medidas organizativas inadecuadas a la actividad que se esté desarrollando, por ejemplo, un patio cuidado por un número insuficiente de profesores por haberlo así establecido la dirección del Centro o su jefatura, dará lugar a la responsabilidad del mismo, pero no a la de su personal, siempre que no haya ninguna otra circunstancia que haya contribuido en el hecho dañoso que se pueda achacar a los cuidadores del patio, como, por ejemplo, abandonar la instalación sin permiso, estar distraído, etc.

Cuanto mayor sea riesgo que aporte la actividad a desarrollar por los menores, tanto mayor será la exigencia de cuidado por parte del Centro y de los profesores responsables de dicha actividad, debiéndose extremar las medidas organizativas por parte del primero y la vigilancia sobre los alumnos por parte de los segundos, para ajustarlas a la situación. Precisamente porque el riesgo de la actividad hace previsibles ciertas situaciones que pudieran derivar en un resultado dañoso. Igualmente, el riesgo es mayor cuanto más pequeños sean los alumnos y, por tanto, mayores tendrán que ser las medidas para el control de los mismos.

Todo ello teniendo en cuanta que en aquellos supuestos en los que cabe apreciar la responsabilidad de la víctima, que con su comportamiento contribuye en la producción del daño o lo incrementa (por ejemplo, alumno que no obedece las indicaciones del profesorado y se sube a una barandilla), la responsabilidad del Centro, y por ende del profesorado, en su caso, se podrá ver atenuada. En estos supuestos, como circunstancia a tener en consideración a los efectos de determinar la responsabilidad del Centro y los docentes, habrá que considerar la edad de los menores, de tal forma que, como regla general, se presume cierto entendimiento en los menores a partir de los 12 años.

En conclusión, lo mejor para evitar incurrir en responsabilidad en el cuidado de los menores es utilizar el sentido común: cumplir con las normas organizativas del Centro, extremar la vigilancia cuando se estén desarrollando actividades que supongan cierto riesgo y cuando se trate de niños de corta edad, adoptando las medidas correspondientes a la situación de que se trate.

Raquel Alfonso Cid

Abogada